El pasado 18 de marzo se presentó en Bruselas la propuesta EU Inc., un conjunto de normas denominado Régimen 28 que establece un nuevo marco societario opcional y digital por defecto.
Este régimen surge de la necesidad de las empresas innovadoras, en su mayoría startups, que aspiran a expandirse por la Unión Europea, pero se enfrentan al conflicto de lidiar con 27 ordenamientos jurídicos distintos y más de 60 formas jurídicas de sociedades. Con la aprobación del Régimen 28, se unificarían en un único reglamento las normas societarias aplicables para que, de forma armoniosa, las empresas puedan superar las barreras de los distintos regímenes nacionales, aprovechando así diversos mercados. Además, la existencia de múltiples ordenamientos y formas jurídicas no solo perjudica a nivel organizativo, sino también temporal, al retrasar la creación de empresas, lo que suele derivar en pérdidas económicas y en la ralentización del crecimiento potencial.
El Informe Draghi, un documento que analiza la situación de la UE en la economía global y señala pautas de mejora, destacó el año pasado la necesidad urgente de impulsar la competitividad europea. En respuesta, la presidenta Von der Leyen presentó la propuesta EU Inc. con la intención de reducir la fragmentación e impulsar la competitividad dentro del territorio común.
Entre las características del Régimen 28 destaca la posibilidad de crear sociedades en un plazo de 48 horas, por menos de 100 euros y sin requisitos mínimos de capital, lo que supone una diferencia abismal respecto al marco actual. Además, se unificaría la presentación de información societaria para remitirla únicamente a la UE mediante procesos puramente digitales, y se crearía un registro central europeo reduciendo la dependencia de la centralización nacional, entre otras medidas. De esta forma, también se espera atraer a más inversores, lo que en última instancia beneficiaría a la economía común.
En cuanto a España, el economista Fernando Trías de Bes señala que el Régimen 28 está diseñado principalmente para startups nuevas, con menos de 10 años de antigüedad y 10 empleados, lo que excluye a gran parte de las PYMES de nuestro país. A pesar de que se facilite la creación de sociedades, Trías de Bes considera que las barreras operativas persisten; la mejora se limita al acceso inicial, pero no influye en el desarrollo o mantenimiento de estas. Para el economista, el problema de las sociedades españolas a nivel europeo es que la aprobación constante de normas por parte de la UE hace imposible seguir el ritmo burocrático actual. Además, resulta prácticamente imposible crecer como empresa pues, aunque se intente unificar a 27 naciones a nivel fiscal y regulatorio, los parlamentos nacionales siguen priorizando la protección de sus propias economías frente al beneficio común europeo.
En conclusión, aunque la aprobación del Régimen 28 podría ser un primer paso hacia una mayor agilidad y libertad societaria en Europa, los expertos señalan que, si bien las barreras logísticas y económicas podrían reducirse, las operativas permanecen estáticas. Especialmente en España, la medida no resulta del todo aplicable al excluir a la mayoría de las PYMES. Más allá de esto, resultaría interesante evaluar la creación de órganos o salas jurisdiccionales especializadas con la competencia necesaria para conocer las controversias relacionadas con la legislación de EU Inc. De este modo, se podrían superar los obstáculos que la búsqueda del beneficio económico nacional pudiera acarrear.