Bruselas y la Comisión Europea han llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no traspasar la directiva del IVA. Debido a que España es el único país que no exime a pequeños autónomos, podría suponer futuras sanciones económicas.
En concreto, España ha incumplido en la transposición de dos directivas sobre el régimen del IVA que beneficia a autónomos, también conocido como el IVA franquiciado.
La Directiva 2020/285 del Consejo tenía la finalidad de imponer cambios sustanciales en cuanto a las normas del IVA aplicables a las pequeñas empresas. Su principal objetivo consistía en crear un régimen moderno y simplificado para las pymes, entre ellos la reducción de costes de cumplimiento del IVA y facilitar el cumplimiento por parte de las pymes. Es decir, que la aplicación de la directiva permitiría a los autónomos no cobrar el impuesto sobre el valor añadido al operar en otros estados.
España alega que la aplicación de la exención es opcional, por lo que ha indicado que no tiene intención de aplicarla. Sin embargo, la Directiva establece varias disposiciones de carácter obligatorio que los Estados miembros deben transponer. En específico, aquellas disposiciones que estén relacionadas con el lugar de prestación a efectos del IVA de determinados servicios cuando se transmitan en continuo y el régimen especial del IVA aplicable a los bienes de ocasión, objetos de arte y antigüedades. Manteniendo así las cargas fiscales a pequeños negocios y convirtiéndose España en el único Estado miembro que todavía no ha transpuesto dichas directivas.
A nivel internacional, la falta de transposición podría suponer un riesgo de doble imposición, puesto que los otros veintiséis Estados miembros han transpuesto la Directiva y aplicarán normas diferentes. La falta de medidas por parte de España afecta a la competitividad de los trabajadores autónomos españoles, quienes no pueden acceder a un régimen de extinción del impuesto sobre el valor añadido, como si es el caso en otros países.
Por ello, la Comisión ha solicitado al TJUE la imposición de multas económicas al país por la demora. De hecho, el ejecutivo comunitario solicitó al tribunal europeo que establezca multas diarias en caso de que el incumplimiento persista.
En relación a esto, la organización de autónomos Federación Nacional de Asociaciones Trabajadores Autónomos han reaccionado positivamente a la decisión de la Comisión Europea, manifestando su acuerdo con la decisión de llevar a España ante el TJUE.
Es más, el presidente de la Federación ATA, Lorenzo Amor, ha instado al Gobierno a que transponga la directiva europea. A su vez, ha indicado que la aplicación del IVA franquiciado podría suponer un ahorro de hasta 600 euros en costes administrativos para los autónomos.
A pesar del movimiento de Bruselas, siguen habiendo dudas de si España realmente está obligada a aprobar el IVA franquiciado para los autónomos. En definitiva, después de darse a conocer la decisión de la Comisión de denunciar a España, el Ministerio de Hacienda ha aclarado que la transposición de la directiva europea del IVA ya esta en tramitación en el Congreso.